Cuautitlán Izcalli, Méx.- Transportistas de agua en pipas y representantes del gremio que operaba en la zona industrial del municipio a través de un comunicado de prensa, rechazan acusaciones de huachicoleo y la versión del gobierno municipal, que señala que el Pozo Industrial II estaba “secuestrado” por privados.
En el documento exhiben facturas emitidas por el organismo de agua potable, Operagua, con lo que los usuarios del pozo demuestran que el suministro de agua se realizaba bajo un esquema completamente legal y controlado, incluyendo los pagos realizados durante la actual administración encabezada por el presidente municipal Daniel Serrano Palacios.
En la misiva los piperos aseguran que la responsabilidad legal de administrar correctamente el pozo y garantizar su operación transparente recae exclusivamente en Operagua, el organismo municipal que durante años ha emitido y cobrado las facturas correspondientes. Si existieran irregularidades administrativas, subrayaron, éstas tendrían que atribuirse al propio organismo, no a los usuarios que pagaron de buena fe y con documentos en regla.
Además, denunciaron que el cierre del pozo fue sorpresivo, sin previo aviso ni derecho de audiencia, lo que evidencia una acción más relacionada con intereses políticos que con una búsqueda real de justicia o legalidad.
Y lamentaron que el gobierno municipal esté difundiendo una narrativa falsa y alarmista que criminaliza una actividad legítima, poniendo en riesgo el sustento de muchas familias. “Quienes cumplimos y pagamos al gobierno no podemos ser tratados como criminales. No aceptamos más mentiras. Exigimos respeto, legalidad y soluciones reales.”
Finalmente, hicieron un llamado urgente al gobierno municipal a cesar el uso político del tema del agua y asumir su responsabilidad administrativa.