Redacción.- En boletín de Prensa la Fiscalía mexiquense informó que 26 personas fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la venta de plazas en el gobierno estatal, cuyas operaciones datan desde el 2021 hasta la fecha.

El reporte emitido por la FGJEM refiere que en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología se denunciaron 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse que los “supuestos servidores públicos” no ejercían función alguna.

Las indagatorias establecen que en dicho esquema delictivo habrían participado dos Subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como Coordinadores y Delegados Administrativos, Directores de área y Subdirectores, tanto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad de dicho periodo, así como de la Oficialía Mayor (OM) y la SECTI de la actual administración, entre otros.

Además, se identificó que varios de los intervinientes guardan una relación familiar y/o de estrecha confianza entre sí, por lo que también se detectó que los servidores públicos, al dejar el cargo, continuaban dentro del esquema delictivo y quien lo sustituía en el puesto ocupando esa vacante, era integrado a la red.

Uno de los personajes que estarían involucrados fue Óscar “N”, quien fungía como Director General de Personal de la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Además de Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”, entre otros, que laboraban en las Secretarías de Seguridad y de Finanzas.

El expediente refiere que Juan Alberto “N”, fue detenido cuando realizaba retiros en un cajero automático ubicado en el Centro del municipio de Toluca.

Al ser arrestado llevaba 164 tarjetas de débito expedidas a favor de servidores públicos que en ese momento estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad y tenía en su poder 180 mil pesos en efectivo, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

Este antecedente de investigación permite establecer que, al menos desde esa fecha, se han obtenido sistemáticamente recursos del erario mediante el reclutamiento de personas que son dadas de alta en plazas oficiales de la Secretaría de Educación –ahora SECTI–, la Secretaría de Seguridad y posiblemente otras dependencias como la Secretaría de Salud.

Una vez efectuadas las altas, los “reclutadores” o terceros retenían las tarjetas de nómina, posteriormente, diversas personas retiraban los recursos depositados en esas cuentas, los cuales dispersaban entre los integrantes del esquema delictivo, en tanto que, a los titulares de las tarjetas les entregaba una cantidad mínima como contraprestación por haber proporcionado sus datos personales y permitir su registro en la nómina gubernamental.

En algunos casos, por cada 200 mil pesos recibidos por concepto de sueldo, los “falsos docentes” recibieron 6 mil, en tanto que los servidores públicos de más alto rango que operaban esta red, tanto de la OM como de la SECTI, se quedaban con la mayor cantidad de dinero e incluso tenían estrategias sobre los montos máximos que podían bancarizar.

Los Directores Generales, Directores de Área, Jefes de Departamento y personal operativo que participaban en este esquema, ya sea que tuvieran acceso o no al SIGAP, realizaban funciones específicas, tales como autorizar las altas y/o licencias, así como tramitar los pagos o la adscripción de los “falsos docentes” para que fueran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados principalmente en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.

En el expediente de investigación obran imágenes de mensajes de texto en las que los “reclutadores” indicaron a los “falsos docentes” que “no se dieran de alta en el ISSEMyM” y en febrero de 2026, posterior a la primera denuncia, les informaron que “debido a una auditoría cancelaran sus cuentas de nómina y en caso de ser requeridos por alguna autoridad negaran haber trabajado para el gobierno”. Uno de los mensajes contenidos en el expediente de investigación refiere:

Por lo antes señalado, se estableció que los presuntos intervinientes llevaron a cabo, de manera sistemática, conductas que les permitieron obtener de forma ilícita más de 96 millones de pesos, tan solo en el periodo comprendido de enero de 2025 a febrero de 2026, tras recibir aproximadamente 4 millones de pesos quincenales más numerario por concepto de prestaciones diversas como aguinaldo, prima vacacional y bonos, cantidades que se podrían actualizar de forma retroactivas hasta el 2021, de acreditarse la continuidad de dichas conductas desde ese entonces.

Además de los recursos obtenidos, todos los investigados se beneficiaron a sí mismos, ya que se asignaron una o más plazas de docentes con salarios aproximados a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían con licencias irregulares, con el fin de poder ocuparlas con efectos jubilatorios o en caso de perder su cargo de confianza, garantizando con ello ventajas laborales y económicas que no les correspondían de conformidad a la normativa aplicable.

De igual forma, el expediente de investigación contiene información en la que se advierte que el entorno socioeconómico de los investigados no corresponde al de los servidores públicos que viven de su salario, toda vez que realizaban viajes suntuosos a destinos turísticos como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China o Egipto, además de que utilizaban vehículos, prendas y accesorios de alta gama y habitaban inmuebles de alta plusvalía.

Del 28 de junio al 4 de julio de 2026 y derivado del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía del Estado de México, la Autoridad Judicial lleva a cabo Audiencias de Vinculación de 28 de los investigados y a 27 de ellos les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de “Santiaguito” ubicado en Almoloya de Juárez.

De los 33 investigados, seis son ex servidores públicos: Óscar “N” que fungió como Subsecretario de Administración del 16 de abril 2021 al 30 de septiembre de 2023 en la Secretaría de Finanzas, Sergio Andrés “N” que se desempeñó como Subsecretario de Administración y Finanzas del 2019 al 2023 en la Secretaría de Educación.

Además de Alfredo “N”, Delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica del 1 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2025 en la SECTI; de igual forma son investigados Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”, quienes fueron elementos de la Secretaría de Seguridad durante 2021.

También se encuentran nueve servidores públicos de la OM: Juan Alberto “N”, Delegado Administrativo de la Dirección General de Personal desde el 16 de marzo de 2020; Araceli “N”, Directora de Remuneraciones al Personal de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2021 a la fecha; Yunuen “N”.

Además de la Subdirectora de Actualización de Base de Datos de la Dirección General de Personal del 16 de abril de 2021 a la fecha; Fabiola Lidia “N”, Líder de Proyecto A con funciones de Secretaria Particular de Yunuen “N”; Christopher “N”, Subdirector de Desarrollo Técnico de la Dirección General de Personal del 16 de octubre de 2024 a la fecha; Diego Emmanuel “N”, Jefe de Departamento de Base de Datos de Nómina de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2022 a la fecha.

Se suma el arresto de David “N”, Director de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2024 a la fecha; Daniel “N”, Secretario Particular del Director General de Personal del 1 de mayo de 2021 a la fecha; Jair “N”, Analista Especializado de 2022 a la fecha y persona de confianza de Yunuen “N”.

De igual forma en contra, hay 11 servidores públicos detenidos adscritos a la SECTI: Daniel Arturo “N”, Delegado Administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica del 1 de junio de 2025 a la fecha; Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” “N” así como Alan Israel “N” todos con funciones de capturistas.

Una servidora pública de la Secretaría del Bienestar, identificada como Diana Paola “N”, actualmente Analista B con funciones de Asistente del Coordinador Administrativo de esa dependencia y quien entre 2021 y 2023 ocupó el cargo de Jefa de Proyecto con funciones de Secretaria Particular de Óscar “N”, entonces Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, esta Fiscalía ejercitó acción penal en contra de “falsos docentes” identificados con funciones de “reclutadores”, entre estos la detenida Sabina “N”, quien contó con una plaza de docente del 2 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2026.

Por otra parte, cinco de los investigados –aún no vinculados a proceso–, identificados como Jaime Noé “N”, Director General de Personal de la Subsecretaría de Administración del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025 en la Secretaría de Finanzas; Eduardo “N”, Subdirector de Control de Pagos de la Dirección General de Personal en la OM; Erick Jonathan “N”, Subdirector de Soporte de Nómina de la Dirección General de Personal de la OM; así como José Ernesto “N”, elemento de la Secretaría de Seguridad en el 2021; Areli “N” Subdirectora de Control de Calidad de Procesos de la OM, presentaron juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión que existe en su contra.

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